Europa saca del limbo el pujante mercado del cigarrillo electrónico. Normativa.

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Europa saca del limbo el pujante mercado del cigarrillo electrónico. Normativa.

El cigarrillo electrónico sale por fin del limbo legal. La nueva directiva del tabaco, aprobada este miércoles por el Parlamento Europeo, introduce por primera vez disposiciones específicas para regular un mercado que se ha disparado en los últimos años (hasta siete millones de usuarios en la UE) sin un marco legislativo que lo controlara. La normativa establece dos opciones para los fabricantes: o presentarlo como productos medicinales —una ayuda para dejar de fumar, como si fueran parches de nicotina— y acatar las estrictas leyes que rigen para los fármacos, o someterlo a la legislación que limita la venta y publicidad de los productos del tabaco.

La industria ha peleado por esta segunda opción. Someterse a las leyes de los medicamentos implica demostrar científicamente cualquier reclamo terapéutico, incluido el que afirma que estos dispositivos ayudan a dejar de fumar. Algo que, como ya advirtió en 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS), ningún estudio ha podido demostrar. Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), dos de cada tres usuarios no los utilizan como sustitutos del tabaco sino que consumen las dos cosas.

El sector nunca ha ocultado que prefiere someterse a la regulación del tabaco aunque eso suponga restricciones. Sobre todo porque la directiva europea solo impone límites en cuanto a la venta a menores, etiquetado y publicidad, dejando a los Estados miembros la decisión de los espacios en los que se permite su consumo. Y esta es la nueva batalla a la que se enfrenta —país por país— la industria, que por encima de todo quiere evitar restricciones en bares, restaurantes y locales de ocio.

Solo unos pocos Estados como Francia y Bélgica han prohibido su uso en estos espacios. El crecimiento del sector ha sido tan rápido —y silencioso— que se ha extendido antes de que diera tiempo a regularlo. A finales de 2009 había en España dos tiendas de cigarrillos electrónicos: una en Palma de Mallorca y otra en Arganda del Rey (Madrid). Hoy hay unas 3.200, según la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE), y unos 4.000 estancos venden también tanto los dispositivos como los líquidos de recambio. Se calcula que hay entre 600.000 y 800.000 usuarios.

Pese a esta rápida expansión, hasta hace una semana en España ni siquiera estaba claro dónde se podían usar porque no existía una norma estatal. Solo Cataluña y Andalucía tienen ya en vigor restricciones en algunos espacios públicos. La situación que quedó aclarada el miércoles pasado, cuando el Congreso acordó prohibirlos en edificios públicos, hospitales, centros educativos y transportes públicos. Pero dejó la luz verde en bares, restaurantes y locales de ocio. La norma también impone límites a la publicidad, pero no tantos como los que tiene el tabaco: solo en algunos horarios y espacios destinados a la infancia.

Aunque no hay informes concluyentes sobre los perjuicios, la OMS ha advertido de que, por precaución, deberían desaconsejarse estos dispositivos. Rodrigo Córdoba, miembro del CNPT, opina que la norma española se ha quedado corta. “Cada vez más estudios demuestran daños en la salud. Y no solo no ayudan a dejar de fumar, sino que pueden iniciar a los jóvenes”, advierte.

La patronal ANCE, en cambio, está satisfecha con la directiva europea y con la normativa española. Tanto que está preparando una guía de autorregulación que va a imponer de manera inmediata algunas de las disposiciones aprobadas por el Parlamento Europeo —que no serán obligatorias hasta 2016—, como la limitación de 20 miligramos de nicotina por mililitro de líquido. También estudia un sistema de licencias de venta para que solo puedan operar establecimientos autorizados. “No puede ser que cualquier comercio, ya sea una papelería o una verdulería, pueda vender cigarrillos electrónicos sin ningún control como está pasando ahora”, subraya su presidente, Manuel Muñoz.

Además, la patronal obligará a los fabricantes a informar de sus ingredientes al menos en castellano. “Hay muchos que utilizan el inglés, algo que es ilegal. Hemos alertado varias veces a las autoridades de Consumo para que retiren estos productos”, explica Muñoz. En ANCE, por otra parte, se someterán exclusivamente a la legislación del tabaco y no pondrán reclamos terapéuticos.

Las nuevas leyes satisfacen también al sector de la restauración. “Es cierto que la indefinición que ha habido hasta ahora ha provocado algunas tertulias en bares y restaurantes, pero en general no provoca conflictos”, asegura Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR). Según Gallego, el consumo en restaurantes y locales de ocio es aún minoritario, aunque se espera un gran crecimiento en los próximos meses. “Lo hemos notado sobre todo desde Navidad. Parece que ha sido el regalo de estas fiestas”, observa.

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Vía: elpais

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